Federalismo en COVID: ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia?

12 de Mayo de 2020

Escrito por: David Gómez Álvarez, Calep Pimienta González, Guillermo M. Cejudo, Damián Lugo, Humberto Trujillo, Cynthia L. Michel, Juvenal Campos

Por parte del proyecto de Federalismo en COVID se ha presentado la primera versión del paper: Federalismo en COVID: ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia?, durante el periodo del 11 de marzo al corte 12 de mayo de 2020.

Federalismo en COVID es una iniciativa interinstitucional impulsada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, el think-tank Transversal, la Universidad de Guadalajara y la consultora Apted. A continuación, se presentan los datos recabados en dicho corte.

Durante el periodo del 11 de marzo al 12 de mayo de 2020 los gobiernos estatales utilizaron 406 instrumentos para atender los efectos sociales y económicos de la pandemia por COVID-19. La mayor parte de estos instrumentos son de naturaleza fiscal o financiera (52 por ciento), enseguida, los gobiernos estatales utilizan medidas de asistencia social (32 por ciento), once por ciento están relacionados con el mercado laboral y cinco por ciento con la seguridad social.

Respecto al tamaño del monto de los apoyos económicos, 38 por ciento no proporcionan información sobre su monto (No identificado) y casi la mitad (48 por ciento) proporciona un apoyo económico que es menor o igual a cinco mil pesos. La mayor parte de los instrumentos son nuevos (58 por ciento), es decir, fueron creados expresamente para atender la contingencia. En cambio, dieciocho por ciento son adaptaciones realizadas a programas ya existentes.

De acuerdo con la procedencia de los recursos para financiar los instrumentos utilizados, se identificó que casi la mitad (47 por ciento) de los instrumentos se financian con recursos completamente estatales, nueve por ciento con recursos compartidos con otros ámbitos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil o la iniciativa privada, y dos por ciento no contemplan recursos estatales. Sin embargo, en más de cuarenta por ciento de los instrumentos no fue posible identificar la fuente de los recursos.

Adicionalmente, se hizo un contraste sobre los estados de la República y sus medidas anunciadas ante la pandemia. Hay una disparidad entre los mismos. Se registró que Guanajuato es la entidad con más instrumentos puestos en marcha, mientras que Tabasco es la que menor número ejecuta. Yucatán es el estado que tiene una mayor diversificación de apoyos.

Por otra parte, mientras que todos los estados tienen al menos una medida fiscal o financiera, menos de la mitad tienen medidas orientadas a la seguridad social. Aunque en la mayor parte de los estados las medidas anunciadas son predominantemente de nueva creación, hay algunos, como Chiapas que ha privilegiado la adaptación de sus programas.

Cada estado de la República ha anunciado, y en algunos casos implementado, una serie de medidas frente al COVID-19 de distinta naturaleza y con instrumentos de diferentes tipos. No obstante, hay un atributo sobre el que no debería haber variación: la transparencia de las decisiones y acciones anunciadas. Con la investigación, se determina que el 25 por ciento de las medidas no contienen ningún tipo de información sobre la duración, monto o frecuencia de los apoyos. La política social y las medidas de apoyo económico se han caracterizado desde hace años por la discrecionalidad en su otorgamiento y la opacidad en su operación. La pandemia no puede ser pretexto para repetir esos patrones en medidas extraordinarias que deben ayudar a resolver problemas emergentes.

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