Federalismo en COVID:  ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia? 

Como parte del proyecto en conjunto Federalismo en COVID: ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia?, se ha presentado el cuarto corte del paper en vivo, en el cual se evalúan las políticas públicas implementadas por las treinta y dos entidades federativas del país para mitigar las consecuencias que el coronavirus dejará tras de sí.

El paper en vivo, junto a la plataforma interactiva creada para este mismo fin, forman parte de una iniciativa interinstitucional impulsada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas, el think-tank Transversal, la Universidad de Guadalajara y la consultora Apted. La cuarta versión de este documento incluye el análisis agregado de las medidas implementadas por los estados entre el 11 de marzo y 12 de mayo, el 13 y el 27 de mayo, 28 de mayo y el 15 de junio; y las medidas identificadas entre el 16 de junio y el 31 de julio, fechas de corte de este último periodo analizado.

Desde el 11 de marzo hasta el 31 de julio de 2020, los gobiernos estatales han anunciado 629 instrumentos (406 anunciados del 11 al 12 de mayo, 93 entre el 13 y el 27 de mayo, 54 entre el 28 de mayo y el 15 de junio, y 76 entre el 16 de junio y 31 de julio respectivamente) para atender los efectos sociales y económicos de la pandemia por COVID-19. La mayor parte de estos instrumentos son estímulos fiscales y administrativos (152) y apoyos económicos (147), y “otros” (119). En menor medida, los gobiernos estatales han anunciado apoyos alimentarios (111) y créditos (100).

Mientras que algunos estados como Chihuahua, Guanajuato, Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas anunciaron, desde el inicio de la pandemia, un “paquete” amplio de medidas e instrumentos para atender los efectos de la pandemia por Covid; otros, como Tabasco, Nayarit, Baja California Sur, Guerrero, decidieron esperar para ir incorporando medidas e instrumentos conforme se manifestaban los efectos del problema o decidieron dar una respuesta más limitada.

A pesar de que a medida que pasa el tiempo los gobiernos estatales han disminuido la cantidad de instrumentos para hacer frente a los efectos de la pandemia, durante el periodo del 16 de junio al 31 de julio, los gobiernos estatales superaron, respecto al corte anterior, la cantidad de instrumentos añadidos de tipo estímulos fiscales y administrativos, los apoyos económicos, los de otro tipo y los créditos. Así, los gobiernos estatales aumentaron, respecto al acumulado al corte anterior, en un 25% los apoyos catalogados como “otro”, 13% los estímulos fiscales y administrativos, 12% los apoyos económicos, 11% los créditos y 8% los apoyos alimentarios.

Casi la totalidad de estados (97%) han anunciado, al menos, un instrumento de apoyo alimentario, 91% dispone de estímulos fiscales y administrativos, 91% otorga créditos, 81% brinda apoyos económicos y 75% entrega otro tipo de apoyos. Casi la mitad de los instrumentos son de naturaleza fiscal o financiera (47%), es decir, están dirigidos a empresas (personas morales), personas físicas con actividad empresarial o público en general y comprenden, principalmente, incentivos fiscales y administrativos (generalizados o focalizados a empresas) o créditos.

Asimismo, los gobiernos estatales utilizan medidas de asistencia social (36%) que se dirigen a la atención de personas en situación de vulnerabilidad social, marginación o pobreza; 11% por ciento están relacionados con el mercado laboral y 6% con la seguridad social, es decir, que atienden, principalmente, a trabajadores del sector informal y formal, respectivamente. Aunque la totalidad de los estados ha optado por implementar medidas de naturaleza fiscal y financiera y de asistencia social, las relacionadas con el mercado laboral y con la seguridad social son menos utilizadas entre los estados. Únicamente 59% y 50% de los estados disponen de al menos una medida relacionada con el mercado laboral y la seguridad social, respectivamente.

En general, la mayor parte de los instrumentos que las entidades están empleando para hacer frente a los efectos de la pandemia son nuevos (65%), es decir, fueron creados expresamente para atender la contingencia. En cambio, 15% son adaptaciones realizadas a programas ya existentes, como ampliaciones presupuestarias o modificaciones en las vías de entrega de los apoyos (como la entrega a domicilio), por mencionar algunas.

Por otro lado, a pesar de que más de 80% de los estados publican en el periódico oficial la información de al menos uno de los instrumentos que han anunciado, menos de la mitad del conjunto de instrumentos (44%) están publicados en los periódicos o gacetas oficiales estatales, lo que puede indicar opacidad y falta de reglas de operación o lineamientos en las medidas estatales. Asimismo, en la comunicación oficial de las entidades se identificó información sobre la existencia y características de 22% de los instrumentos, para 15% se encontró en micrositios oficiales, 6% en redes sociales y 5% en sitios oficiales.

El estudio también identificó el origen o fuente de los recursos para financiar los instrumentos utilizados. Casi la mitad (47%) de los instrumentos se financian con recursos completamente estatales, 10% con recursos compartidos (parcialmente estatal) con otros ámbitos de gobierno, organizaciones de la sociedad civil o la iniciativa privada, y 3% no usan recursos estatales. Sin embargo, en 39% de los instrumentos no fue posible identificar la fuente de los recursos. Al comparar con el corte anterior, los estados están optando por disminuir su participación en el financiamiento de los instrumentos. Respecto al acumulado al corte anterior, los instrumentos de financiamiento “nada estatal” tuvieron un incremento de 12%, los de parcialmente estatal de 0%, los no identificados incrementaron en 27% y los de financiamiento completamente estatal incrementaron únicamente en un 6%.

Cabe recalcar que, para 89% de los instrumentos, es imposible conocer su presupuesto asignado. Esto, en gran medida, porque se proporciona la información del monto total de una estrategia, plan o programa sin desagregar cuánto se destina a cada instrumento o no proporciona información al respecto. Asimismo, 20% de los apoyos no contienen ningún tipo de información respecto a su duración, frecuencia de entrega o monto del apoyo. Varias de estas medidas tienen meses ya operando, por lo que no se justifica que persista la opacidad en sus datos.

Frente a la pandemia, cada estado de la república ha anunciado e implementado una serie de medidas frente al COVID-19 de distinta naturaleza y tipo de instrumentos. Ante la ausencia de instancias, planes y medidas de carácter nacional que articulen las acciones de los tres ámbitos de gobierno, se puede observar la diversidad en cuanto a medidas estatales las cuales están focalizadas en disminuir las consecuencias que trajo consigo la pandemia, propias de cada estado implementador. Hay, sin embargo, dos atributos sobre los que no debería haber variación: la transparencia de las decisiones y acciones anunciadas, así como la pertinencia de las medidas. Por ello, se insta a comenzar con la articulación de las políticas implementadas a nivel estatal con las federales, para que estas puedan tener mejores resultados, así como también a mejorar la transparencia que hay detrás de cada una de ellas.

Conoce a detalle la cuarta versión del paper en vivo de Federalismo en COVID: ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia?  descargando el siguiente documento.

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