A toda acción le corresponde una reacción igual en magnitud, pero de sentido contrario. Lamentablemente, en el marco de lo social la reacción parece encontrar ciertas complejidades en su magnitud. Ante un contexto que nos ha dejado claro el desolador impacto económico y social al que millones de personas en el país se han enfrentado, la expectativa lógica sería la de observar una reacción por parte de los gobiernos de los estados proporcional a la afectación derivada de las crisis, en donde la “claridad del impacto” previsto sea también una cualidad en el modo de reaccionar de las entidades. 

De acuerdo con el estudio de Federalismo en COVID (2020), durante el periodo del 11 de marzo al 31 de julio de 2020, las entidades anunciaron un total de 629 instrumentos frente a las consecuencias sociales y económicas de los estados por motivo de la pandemia, si bien no todos presentaron la misma cantidad y tipos de medidas para atender las problemáticas, una constante dentro de la reacción estatal fue la de la opacidad (para más detalles sobre cómo respondieron cada una de las entidades consúltese “Federalismo en COVID ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia?”).

En esta línea, parece ser que la reacción forzada a la que se vieron obligadas las entidades trajo consigo una tensión mayor sobre uno de los asuntos más mencionados dentro del campo de las políticas públicas: la urgencia por salir del aprieto. El poco tiempo que se tuvo para realizar un análisis exhaustivo condujo a la inercia por responder las crecientes demandas con más instrumentos (apoyos económicos, apoyos alimentarios, estímulos fiscales y créditos, entre otros) en este aspecto cabe mencionar que, del total de medidas identificadas, el 70% fueron totalmente nuevas y solo 14% fueron adaptadas ante las circunstancias. 

A pesar del tamaño del problema y la complejidad para hacerle frente, la pertinencia de las medidas y su transparencia en torno a su publicación, atributos (duración, frecuencia y montos) y presupuesto debe de resguardarse en todo momento. En primer lugar, de entre los 629 instrumentos anunciados a lo largo de la república, menos del 45% de estos fueron publicados en el periódico oficial de la entidad, por lo que del 55% de las medidas no es posible conocer las reglas de operación con las que se implementan, un indicativo claro de un elevado riesgo de descoordinación en los medios de implementar las medidas. 

Cabe destacar que, aunque la mayoría de las entidades anunciaron al menos uno de sus instrumentos por medio del periódico oficial, existen los casos en los que ni uno de los instrumentos se publicó ahí, estos son en: Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Tlaxcala. En su contraparte, las entidades que publicaron un mayor número de sus acciones por esta vía fueron Querétaro y Aguascalientes con el 90% y 83% con respecto a su total dentro del periodo estudiado. 

En segundo lugar, la completitud de información referente al funcionamiento de los instrumentos fue un problema generalizado en los apoyos económicos y alimentarios anunciados por las entidades. Elementos tan básicos como la duración, frecuencia y montos de apoyo son cruciales para la eficacia en la implementación de las medidas y el correcto aprovechamiento de los recursos destinados, sin embargo, del total de 147 apoyos económicos registrados, el 50% brindó información parcial sobre uno de los tres elementos y 20% no presentan información alguna. En este último caso, se encontraron los apoyos de Durango, Tamaulipas, Campeche, Chiapas y Guerrero. 

Por su lado, los apoyos alimentarios tuvieron menos claridad, a tal grado en el que 14 entidades no proporcionaron información en la totalidad de sus medidas, entre ellas Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Durango, Guerrero y Michoacán. Sobre el total de 111 apoyos identificados, casi el 60% proporcionan nula información sobre la duración y la frecuencia de entrega, el 21% información parcial (uno de los dos elementos de análisis para dicho apoyo) y el restante, está completa. 

Por último, la baja transparencia en el presupuesto asignado fue uno de los hallazgos más relevantes en el estudio. Para el 89% de los 629 instrumentos no se logra conocer su asignación presupuestal, y aunque esto se deba en gran medida a que se tiende a presentar el monto total del plan o programa y no el destinado a cada instrumento, el hecho debería plantearnos una labor crítica de reflexión en cuanto a las formas de exposición en la distribución de recursos dentro de los planes, y los medios para prevenir riesgos de corrupción en cada una de sus partes.

Los vacíos de información derivan en riesgos de corrupción y desaprovechamiento de recursos (materiales y económicos) en medio de una crisis que demanda una reacción proporcional al impacto ocasionado en los hogares de millones de familias. A su vez, evidencian la desarticulación de las acciones y su tendencia a ser usadas con propósitos que salen de la demanda pública. En un contexto de crisis en el que se cruzan el proceso electoral, estos instrumentos incompletos y opacos son un caldo de cultivo para prácticas clientelares en beneficio de intereses privados.  En conjunto, la opacidad de las respuestas estatales deriva en un impacto no mesurable y vagamente dirigido al beneficio de aquellas personas que en su día a día han sido visiblemente afectados.

Calep Pimienta González es Politólogo y coordinador de programa en el Centro de Investigación de Desarrollo de Políticas Públicas A.C. / Transversal.

Fuente: Cejudo, G.M., Gómez-Álvarez, D., Michel, C., Lugo, D., Trujillo, H., Pimienta González, C., Campos, J. (2020). “Federalismo en COVID: ¿Cómo responden los gobiernos estatales a la pandemia?” Versión 4, 27 de agosto de 2020. Laboratorio Nacional de Políticas Públicas: México. Disponible en: https://lnppmicrositio.shinyapps.io/FederalismoEnCovid/