Jalisco nunca pierde

David Gómez-Álvarez

Jalisco nunca pierde

“Y cuando pierde, arrebata”, reza el dicho popular. La frase tiene su origen en la película mexicana del mismo nombre de 1937, “Jalisco nunca pierde”, del director Santiago Eduardo “el chano” Urueta. Desde entonces el refrán tiene diversos usos; uno de ellos, para referirse a que Jalisco no se somete a los dictados del centro, y cuando se le imponen, se rebela, como ha sucedido en diferentes momentos de la historia. Jalisco fue uno de los pocos estados que genuinamente pugnó por un auténtico federalismo en los albores del siglo XIX. Sin embargo, desde la República restaurada, Jalisco se instaló plácidamente en un federalismo retórico que, en la práctica, ha funcionado como un centralismo de facto.

Con la llegada del Partido Acción Nacional al poder en 1995, el espíritu federalista de Prisciliano Sánchez resurgió con ímpetu, aunque más en la retórica que en la acción. Fue una bandera política de la oposición que había ganado el gobierno del estado y los ayuntamientos de las principales ciudades de Jalisco. Durante los tres sexenios en que gobernó el PAN, el federalismo fue recurrente en discursos y foros, pero no permeó en la práctica de gobierno. A diferencia de los gobiernos de Acción Nacional del norte del país, que en su momento exigieron revisar el pacto fiscal, el PAN en Jalisco no pugnó por más atribuciones, sino que se conformó con incrementos vía transferencias federales. Incluso, cuando el impuesto a la tenencia vehicular fue devuelto por la Federación a los estados, el entonces gobernador panista de Jalisco decidió no recaudarlo sobre un cálculo político equivocado, que no le dio dinero ni votos.

Con el regreso del PRI al gobierno del estado en 2013, había aún menos incentivos para enarbolar la bandera federalista, pues el gobierno federal era del mismo signo partidista. Durante el efímero gobierno tricolor en Jalisco, que apenas duró un sexenio, las transferencias federales siguieron aumentando como parte de la inercia fiscal, pero también por la estrecha relación con el presidente Peña Nieto. Uno de los escasos logros de la administración priista fue la línea 3 del Tren ligero que, a más de cinco años de haberse iniciado, no sólo sigue sin funcionar, sino que la Auditoría Superior de la Federación ha detectado irregularidades por miles de millones de pesos. Se trata de un oneroso monumento a la corrupción en el marco de un federalismo simulado. 

Si bien es cierto que Jalisco es el único estado del país gobernado por Movimiento Ciudadano, en realidad gobierna el alfarismo: un fenómeno político local que gira en torno a la figura del gobernador.  Alfaro es la marca que le permitió al compacto grupo político ganar Tlajomulco de Zúñiga en 2009, Guadalajara en 2015, y el gobierno de Jalisco en 2018. Sin embargo, las condiciones adversas frente al gobierno federal y el indomable temperamento del gobernador, han desgastado al alfarismo frente a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general. La promesa en campaña de un gobierno diferente  se ha desgastado por la ausencia de resultados tangibles y por las altas expectativas ciudadanas. Según diversas encuestas, la popularidad del gobernador cayó sostenidamente durante el primer año de gobierno, hasta el inicio de la pandemia de COVID-19, cuando se revirtió la tendencia. En escasas semanas el gobernador ha repuntado en las encuestas, reposicionándose como un referente nacional.

 

Ilustración: Kathia Recio

La buena relación entre la Federación y el gobierno de Jalisco terminó en 2018, tanto por el triunfo del presidente López Obrador que inauguraba una época de recentralización de la vida nacional, como por la victoria del gobernador Alfaro que reclamaba para Jalisco mayores recursos. El primer desencuentro se suscitó con el asunto del “huachicol” en enero de 2019 cuando, a pesar de las molestias ocasionadas por el desabasto de gasolinas, la medida fue apoyada mayoritariamente por los jaliscienses.

A partir de entonces, Enrique Alfaro ha perdido prácticamente todas las batallas frente a López Obrador, cuya legitimidad electoral en Jalisco sigue siendo amplia. A pesar de que en las elecciones para senador, diputados federales, diputados locales y presidentes municipales Movimiento Ciudadano superó en votos a Morena, en buena medida por la coalición con el PAN, en términos absolutos, López Obrador (en la elección presidencial) obtuvo más sufragios que Alfaro (en la elección de gobernador) en Jalisco. 

Una de las disputas que ha ganado el gobernador fue la destitución del llamado “súper delegado” federal, un incómodo y polémico personaje político que, a pesar de haber sido sancionado por la Secretaría de la Función Pública, sigue activo en el estado. Su abrupta salida como representante del gobierno federal en Jalisco no sólo eliminó un obstáculo para el gobernador, sino que trastocó la delegación federal y, por extensión, al partido político del presidente, hoy sumido en una crisis de gobernabilidad interna que le ha impedido articularse como oposición.

Entre las derrotas federalistas, la última fue la del Instituto de Salud y Bienestar (Insabi). El gobernador había anunciado que Jalisco no firmaría su adhesión, pues el estado perdería más de lo que ganaría. Sin embargo, tras la adhesión de los demás gobernadores al convenio, Jalisco tuvo que firmar un “modelo híbrido” sin que los términos del acuerdo con la Federación fueran claros. El desabasto de medicinas, la corrupción en el organismo público descentralizado de servicios de salud (dependiente del gobernador), el desastre administrativo de anteriores gobiernos (impunes a la fecha), el pésimo manejo de la epidemia del dengue el año pasado, entre otros desaciertos, impidieron que el gobernador sostuviera la posición inicial de crear un sistema de salud local.

En materia de inseguridad la situación del estado sigue siendo grave y preocupante. La presencia limitada de la Guardia Nacional en Jalisco, la tensa relación con dependencias federales, la difícil integración de la Policía Metropolitana, la fuerte presencia del cártel Jalisco Nueva Generación, pero sobre todo, la falta de coordinación del gabinete de seguridad estatal, han evidenciado los límites de las autoridades locales para enfrentar al crimen organizado. El gobernador ha señalado la falta de apoyos federales, incluso ha cuestionado la medición federal de los delitos, pero la ciudadanía difícilmente entiende la falta de cooperación intergubernamental y mucho menos perdona la falta de resultados.

Por lo que hace a los recursos federalizados, tanto la disminución del Fondo Metropolitano, como la eliminación del Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación, supuso un duro golpe para los gobernadores del país, que financiaban buena parte de la obra pública en infraestructura con recursos provenientes de ambas fuentes de financiamiento. No obstante, Jalisco aprobó un presupuesto histórico de más de 125 000 millones de pesos, superior al ejercido el año pasado. No obstante, debido a la crisis de COVID-19, el recorte presupuestario podría superar los 5 000 millones de pesos, por lo que se ha planteado la adquisición de deuda pública por un monto equivalente para resarcir el boquete fiscal.

Una de las derrotas más duras del gobernador fue la postergación indefinida de la presa del Zapotillo, que dotaría de agua a Guadalajara, León y los Altos de Jalisco. Tras alcanzar un acuerdo entre los gobiernos de Jalisco, Guanajuato y la Federación, el presidente López Obrador realizó una de sus consultas a modo con pobladores locales, desentendiéndose del proyecto que había apoyado inicialmente. La historia detrás del Zapotillo es, como todas las grandes obras de sexenios anteriores, compleja y turbia, lo cual apunta a que la cortina de la presa ya construida se quedará como otro elefante blanco.

Apenas en su segundo año, el gobernador de Jalisco enfrenta no sólo el fin del bono democrático, sino la creciente exigencia ciudadana. Prácticamente en todos los frentes Alfaro encara dificultades ya sea por las deterioradas condiciones en que recibió el estado, la falta de apoyos federales o simplemente por errores propios. El discurso federalista que posicionó al gobernador Alfaro como una figura presidenciable se desdibujó hasta el inicio de la crisis de COVID-19, que lo ha reposicionado como uno de los pocos contrapesos al poder presidencial.

Frente a la tardía reacción del gobierno federal a la pandemia, Alfaro tomó la iniciativa anunciando una serie de medidas cuyos resultados están a la vista: Jalisco tiene la segunda tasa más baja de contagios por cada 100 000 habitantes del país. Las medidas sanitarias y de confinamiento social, basadas en estudios científicos de la Universidad de Guadalajara, le permitieron tomar decisiones oportunas que ha sabido capitalizar políticamente. Según diversos sondeos, la aprobación de la gestión del gobernador frente al COVID-19 supera por mucho a la del presidente.

Sin embargo, las presiones del sector privado para reabrir la economía y el ímpetu del gobernador por diferenciarse del presidente, provocaron una serie de anuncios erráticos que causaron confusión en la opinión pública. Hace apenas unos días, el gobernador anunció la reapertura parcial de la economía para el 18 de mayo, para de inmediato anunciar que sería hasta el 1 de junio. La decisión de mantener el confinamiento sin reabrir la economía se basó en las estimaciones de la universidad estatal, que ha jugado un papel clave en la exitosa estrategia de Jalisco. Y es que el desgaste social de haber implementado medidas de confinamiento dos semanas antes que el gobierno federal ya empiezan a hacer estragos. Pese a todo, el gobernador supo dejarse aconsejar por los datos sin ofrecer “otros datos”.

Ni la Conferencia de Gobernadores (Conago) ni el Senado de la República han podido defender un federalismo que sigue siendo sinónimo de gobiernos estatales corruptos o incompetentes. Sin embargo, la crisis de COVID-19 puede representar una oportunidad inédita para repensar el federalismo. La descoordinación entre la Federación y los estados en las últimas semanas ha sido patente: cada gobernador ha tomado sus propias decisiones, incluso en contra de los dictados del centro, algo que no se había visto desde el inicio de la recentralización del poder con López Obrador. La nueva normalidad del federalismo mexicano acaso no sea federalista, pero quizá tampoco centralista como antes del COVID-19. No hay mal que por bien no venga.  

Publicado por Nexos pacto federal

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