¿Federalismo en cuarentena?

Guillermo M. Cejudo & David Gómez Álvarez

¿Federalismo en cuarentena?

Los regímenes federales son arreglos constitucionales que permiten que la pluralidad política y la diversidad regional de un país se manifieste, manteniendo la coexistencia de diversos gobiernos en un mismo territorio, posibilita que las partes integrantes impulsen políticas públicas diferenciadas, aprendan unas de otras y compitan por dar las mejores respuestas a los problemas públicos. Este arreglo facilita la innovación local, la concurrencia entre autoridades de distintos órdenes de gobierno y la distribución equitativa de recursos comunes.

Sin embargo, en una situación de excepción, como la actual crisis del Covid-19, el federalismo puede significar lo contrario: un desarreglo político donde distintas autoridades se disputan competencias, resultando en políticas públicas inconsistentes, cuando no contradictorias, que ocurren en un mismo territorio. Este ha sido el caso de México desde que se reportó el primer caso de coronavirus Covid-19 en el país: distintos órdenes de gobierno han actuado de forma desarticulada y hasta contrapuesta, evidenciando una falta de coordinación entre las distintas autoridades. Si bien, como se apuntó repetidamente hasta antes de su instalación el 19 de marzo, el Consejo de Salubridad General es el dispositivo constitucional que podría dar coherencia a las respuestas de los tres ámbitos de gobierno y asegurar la coordinación operativa de la respuesta a la emergencia, los gobiernos han actuado en las últimas semanas sin entenderse como parte de una estrategia integral, sino como respuestas específicas a diversos estímulos: la presión ciudadana o mediática, la oportunidad política y, en algunos casos, el conocimiento científico.

En lugar de una estrategia integral donde cada ámbito de gobierno contribuya desde sus atribuciones y capacidades, presenciamos, por lo menos hasta el jueves 27, un discurso presidencial que minimiza la emergencia acompañado de una estrategia de comunicación —a cargo del subsecretario de salud, Hugo López-Gatell— que busca dar orden y coherencia a la respuesta del gobierno federal, pero que no se presenta como la respuesta del conjunto de las instituciones del Estado. A su vez, frente al vacío informativo de los primeros días, los gobernadores y alcaldes hábilmente aprovecharon el espacio. Debe destacarse que, si bien los ejecutivos locales del país tomaron la iniciativa de forma espontánea, no fue de forma coordinada entre ellos, ni siquiera desde la Conferencia Nacional de Gobernadores.

 

 

Ilustración: Estelí Meza

Los anuncios de alcaldes y gobernadores se propagaron por todo el país. El mosaico federalista pronto se coloreó de medidas de toda índole: desde precauciones sanitarias, suspensión de actividades, cierre de escuelas o estímulos económicos, hasta ocurrencias al calor del momento, generando así una confusión de mensajes y medidas gubernamentales.

En Baja California, el congreso estatal aprobó un decreto para suspender el pago de arrendamiento de viviendas. En Baja California Sur el ejecutivo suspendió por tres meses el impuesto sobre la nómina, uno de los principales ingresos locales que tienen los estados. Chihuahua anunció la reorientación de su presupuesto hacia el sector salud, que habrá de ser aprobado por el legislativo local; también anunció cárcel para las personas contagiadas que no cumplan la cuarentena. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas formaron un frente común y han pedido tomar acciones en la frontera con Estados Unidos. Incluso se reunieron con autoridades sanitarias de Texas sin la presencia de autoridades federales mexicanas. En particular, el gobernador de Nuevo León anunció la habilitación de varios hospitales, incluso la renta de un hospital sindical local.

El gobernador de Durango anunció la habilitación de un hospital de Gómez Palacio para atender la pandemia en su estado. El Estado de México anunció amplias medidas de contención, similares a las de la Ciudad de México, así como un plan económico para hacer frente a la crisis. Guanajuato fue uno de los primeros estados en anunciar medidas de contención, como la suspensión de clases; también presentó una serie de apoyos económicos y de infraestructura para enfrentar la crisis. El gobernador de Hidalgo lanzó una curiosa convocatoria para presentar propuestas de investigación del Coronavirus.

Jalisco es el estado que quizá más anuncios ha hecho: la suspensión de clases desde el 17 de marzo, la instalación de filtros sanitarios en puertos, aeropuertos y terminales camioneras, así como el anuncio de pruebas masivas para detectar contagios (que debió posponer). El gobernador de Jalisco incluso pidió la suspensión de vuelos internacionales de ciudades estadunidenses con decreto de emergencia, una competencia federal exclusiva de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El gobernador de Oaxaca anunció la compra de equipo médico, así como la habilitación de camas de hospital. Querétaro, por su parte, impulsó fuertes medidas sanitarias, entre las que destaca la autorización de personal de salud para ingresar a cualquier establecimiento con el apoyo de los cuerpos de seguridad pública, así como la prohibición de incinerar cuerpos y realizar velorios de personas fallecidas por Coronavirus.

En Sonora se suspendieron los actos de fiscalización del estado, sin que sea una medida directamente vinculada a la emergencia del Covid-19. Yucatán declaró situación de emergencia el 26 de marzo y ha implementado cercos sanitarios que limitan el tránsito de personas, principalmente en su frontera con Quintana Roo. A su vez, el gobierno de Quintana Roo instaló retenes de supervisión en Chetumal, también sobre fundamentos jurídicos poco claros.

Los gobiernos municipales no se quedaron atrás. En Nuevo León, el alcalde de San Pedro Garza García decretó emergencia sanitaria, volviéndose el único municipio de la Zona Metropolitana de Monterrey en esa situación de excepción. En Sonora, un grupo de municipios anunció, sobre bases legales desconocidas, un “toque de queda” a partir del 23 de marzo; que las patrullas o campanas de las ;parroquias notifiquen el inicio del mismo posiblemente incremente el pánico entre la población. El caso más insólito de descoordinación es el del gobernador de Veracruz, quien solicitó a los alcaldes del puerto que reabrieran bares y playas que habían sido cerrados días antes por los presidentes municipales. El alegato del gobierno estatal frente al municipal es que las únicas autoridades que pueden considerarse como válidas para establecer este tipo de medidas& son el Consejo de Salubridad General (a nivel federal) y el Consejo Estatal de Salud.

Este desorden mina gravemente la eficacia de la respuesta de México frente a la pandemia. Un problema de carácter nacional —no digamos ya global— no puede ser atendido con respuestas diferenciadas, con ocurrencias sin fundamento legal y, sobre todo, sin un mensaje unívoco a la población sobre qué hacer, qué está pasando, y cuál es la respuesta gubernamental.

 

No se trata, desde luego, de anular el federalismo: los gobiernos estatales y municipales siguen teniendo responsabilidades y recursos que pueden desplegar conforme a sus reglas y procedimientos. Lo indispensable sería articularlas, en el marco de decisiones del Consejo de Salubridad General, y de la Secretaría de Salud federal. Ambas instancias tendrían que asumir su responsabilidad plena y actuar oportunamente con base en las facultades que les otorga la Constitución bajo una circunstancia de emergencia como ésta.

El Consejo se ha instalado en sesión permanente. El viernes pasado el presidente de la República emitió un decreto que anuncia las primeras medidas de carácter nacional, mismas que pueden significar la restricción de las facultades de los estados en materia de salud y la intervención en sus ámbitos de responsabilidad, de manera diferenciada, en función de la gravedad de los contagios en cada región. Es necesario, hacia delante, que fije criterios y protocolos de actuación para los otros ámbitos de gobierno. Es deseable, también, que se genere y comparta información confiable que les permita tomar decisiones sobre la misma evidencia. Será indispensable definir de manera clara las responsabilidades: para que los estados y municipios no tomen decisiones precipitadas (como toques de queda); para que no compitan por parecer más preocupados por el tema; para que no eludan sus responsabilidades (sanitarias, económicas y de política social), y para que no manden mensajes que confundan a la gente (como el ya famoso dislate del gobernador de Puebla).

El federalismo no puede entrar en cuarentena, pero tampoco puede funcionar con el desorden habitual. Todos los ámbitos de gobierno deben actuar disciplinadamente frente a una emergencia global de dimensiones históricas.

Publicado por Nexos pacto federal.